La bancada de diputados PPD-Independientes presentó un proyecto de ley que busca poner fin a la disparidad de criterios judiciales con que se ha tramitado el cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE). La iniciativa surge en medio de la controversia generada por embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias de deudores, lo que ha motivado denuncias públicas y recursos de protección acogidos por Cortes de Apelaciones.
El proyecto apunta a eliminar las interpretaciones administrativas vigentes y prohibir expresamente que la Tesorería General de la República (TGR) utilice el mecanismo del Código Tributario para cobrar el CAE o cualquier otro crédito en que el Estado actúe únicamente como aval. De aprobarse la iniciativa, el Estado deberá recurrir a los tribunales civiles ordinarios a través de un juicio ejecutivo común, el que otorga mayores garantías de defensa al deudor.
OFENSIVA LEGISLATIVA POR COBROS DE LA TESORERÍA
La ofensiva legislativa se produce luego de que la TGR iniciara medidas de cobro contra deudores con sueldos superiores a los 3,5 millones de pesos mensuales, e incluso contra algunos con ingresos menores. Esa decisión desató denuncias públicas y llevó a Cortes de Apelaciones a acoger recursos de protección presentados por afectados a quienes se les vaciaron sus cuentas bancarias.
Para evitar estas situaciones, el proyecto establece también una interpretación al artículo 57 del Código del Trabajo, con el objetivo de hacer extensible la inembargabilidad de las remuneraciones a los depósitos bancarios. En concreto, se propone que el empleador deba establecer la finalidad remuneratoria en todo depósito o transferencia realizada hacia la cuenta bancaria del trabajador.
Además, la iniciativa legal plantea que los procedimientos ejecutivos de cobro del CAE iniciados por la Tesorería y que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de la ley quedarán sin efecto.
DISPARIDAD DE INTERPRETACIONES JUDICIALES
El subjefe de la Bancada PPD-Independientes, diputado Héctor Ulloa, explicó que la disparidad de interpretaciones en este tema demuestra que la controversia no puede resolverse por sí misma ni mediante acciones judiciales aisladas. Según Ulloa, los deudores en igual situación de morosidad quedan sometidos a procedimientos distintos según el tribunal o sala que conozca su causa, lo que calificó de muy preocupante.
El parlamentario añadió que el proyecto fue presentado para establecer una solución legislativa expresa que fije con claridad el marco normativo aplicable, de modo de terminar con la incertidumbre actual.
Ulloa recordó que tanto la Corte de Apelaciones de Arica como la Corte de Apelaciones de Valparaíso se han pronunciado sobre la materia, y que la Corte Suprema aún no ha resuelto de manera definitiva. También mencionó que el Tribunal Constitucional se encuentra revisando una inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentada en relación al cobro del CAE.
CRÍTICA A LA EQUIPARACIÓN CON IMPUESTOS
El diputado José Montalva precisó que el proyecto busca que se interprete correctamente lo que señala la ley. Montalva acusó que actualmente las deudas del CAE se están cobrando como si fueran impuestos, cuando deberían ser tratadas como deudas comunes.
El diputado Héctor Ulloa sostuvo que la propuesta apunta a que todo lo relacionado con impuestos sea cobrado por la Tesorería General de la República conforme a las normas tributarias, mientras que las deudas derivadas del CAE deben cobrarse por el sistema normal de cobro de deudas, al igual que a cualquier otra persona.
La iniciativa representa un intento por zanjar la controversia que ha generado el uso de facultades tributarias para el cobro de un crédito estudiantil, y busca devolver a los tribunales civiles la competencia exclusiva en estos casos, con las garantías procesales propias de un juicio ejecutivo ordinario.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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