Los asesinatos de menores y la crisis de seguridad pública han reconfigurado las alianzas en torno a una de las preguntas más sensibles del derecho constitucional chileno: si las Fuerzas Armadas deben salir a las calles para colaborar en el control del orden público. Lo que antes era un clamor de la derecha y un rechazo frontal de la izquierda, hoy se ha invertido por completo. El presidente José Antonio Kast, quien durante años exigió el despliegue militar, ahora lo descarta como una solución populista y peligrosa. En el otro extremo, alcaldes de izquierda como Christopher White (PS) en San Bernardo y Tomás Vodanovic (FA) en Maipú encabezan las solicitudes para que los militares asuman tareas de seguridad ciudadana, una función que la Constitución reserva a Carabineros y la PDI.
Este giro expone las tensiones entre la urgencia política y los límites jurídicos que enfrenta el Ejecutivo. La discusión volvió a instalarse tras el homicidio de un niño de 12 años en San Bernardo, hecho que movilizó a White a emplazar directamente al Mandatario. El alcalde socialista recordó que la actual administración incluyó en su programa «Implacable» la posibilidad de usar militares, y exigió coherencia. La respuesta de La Moneda fue categórica: no se dispondrá de las FF.AA. para orden público, salvo en las excepciones ya vigentes en la Macrozona Norte y la Macrozona Sur.
EL GIRO DE POSTURAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA
Durante el estallido social de 2019, las posiciones eran nítidas. La derecha, encabezada entonces por el diputado Kast, reclamaba una presencia militar masiva. En junio de 2020, Kast escribió en redes sociales que el envío de militares a La Araucanía era «una señal positiva» y pidió «sacar al terrorismo de Chile con todas las fuerzas disponibles». Meses después, el actual senador Miguel Ángel Becker (RN) celebró que el gobierno de Gabriel Boric hubiera comprendido la importancia de las FF.AA. para la seguridad. Incluso el diputado Eduardo Cretton (UDI) solicitó en enero de 2017 que se decretara estado de emergencia y se instalaran militares como puntos fijos.
Por su parte, la izquierda rechazaba con igual intensidad cualquier intervención castrense. El entonces diputado Gabriel Boric se enfrentó a un militar en Plaza Baquedano. El senador Diego Ibáñez afirmó en esa época que mientras la ciudad estuviera a cargo de los militares no habría posibilidad de diálogo. La diputada Constanza Schönhaut calificó el estado de excepción decretado por Sebastián Piñera como «un gran retroceso para la democracia». Y la entonces concejala Irací Hassler (PC) pidió explícitamente «militares a sus cuarteles».
LA RESPUESTA DEL GOBIERNO Y LOS RIESGOS JURÍDICOS
El presidente Kast ha defendido su postura con argumentos que apelan a la responsabilidad jurídica del Estado. En el Encuentro Empresarial de La Araucanía, recordó el caso de un joven conscripto que, tras ser llamado a filas a los 17 años y desplegado durante el estallido social, disparó su arma y causó la muerte de un ciudadano ecuatoriano. «¿Quién responde por ese joven? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie», dijo Kast, antes de calificar de «populista» la petición de sacar militares a la calle. El biministro Claudio Alvarado reforzó la línea oficial: el control del orden público está radicado en las policías, y el Ejecutivo está fortaleciendo a Carabineros, no reemplazándolo con las FF.AA.
Desde la vereda constitucional, el dilema es claro. Las Fuerzas Armadas solo pueden actuar en tareas de seguridad interna bajo estados de excepción constitucional, como el de emergencia o el de sitio, que implican controles parlamentarios y plazos definidos. Usarlas para patrullaje rutinario expandiría sus funciones más allá de lo que permite la Carta Fundamental y expondría tanto a los uniformados como al Estado a eventuales responsabilidades penales y civiles. La izquierda que hoy las reclama debería, en estricto rigor, impulsar una reforma constitucional si pretende institucionalizar su uso.
El debate, lejos de cerrarse, refleja cómo la seguridad ciudadana ha fracturado los bloques tradicionales. Los alcaldes que gobiernan comunas golpeadas por el crimen organizado ya no distinguen entre izquierda y derecha: piden acción, aunque eso implique torcer sus propias convicciones del pasado. El Ejecutivo, por ahora, se mantiene firme en la doctrina de que la militarización no es la respuesta, pero la presión social y política podría reabrir la discusión en el Congreso.
Fuente: La Tercera
Nota del Editor Fotografía referencial generada por Inteligencia Artificial.
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